“Improrrogable desafío ambiental: descarbonización, restauración ecológica y proyectos de transición hacia una economía circular”: Alicia Bárcena.
La agenda ambiental de México para el siguiente sexenio promete orden, coordinación y metas claras, al menos esa es la voluntad de quienes encabezarán dos de las instituciones más importantes en materia ambiental: la bióloga Alicia Bárcena Ibarra, próxima secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Mariana Boy Tamborell, próxima procuradora ambiental.
A partir del 1 de octubre, cuando asuman el cargo, se pondrá en marcha una “política ecológica y ambiental humanista”, la cual velará no solo por la conservación de los recursos naturales, sino que promoverá la justicia ambiental.
Reunidas en la presentación de la Agenda Socioambiental 2024: diagnósticos y propuestas, un análisis amplio con metas específicas, elaborado conjuntamente por científicos, académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México y organizaciones sociales, las funcionarias reconocieron “el grave deterioro ambiental, la injusticia y la desigualdad social que, en algunos casos, se han profundizado en los últimos seis años”, según indica el diagnóstico.
Al respecto la maestra Alicia Bárcena señaló que se confunde crecimiento con desarrollo y, peor aún, en las políticas de desarrollo del país no ha estado el tema ambiental, sumado a ello, “en la política ambiental hay lo que yo llamaría las políticas explícitas y las implícitas. Las explícitas son las normas de todo tipo, pero las implícitas son los megaproyectos, las carreteras, los trenes, es la industrialización que no está internalizando el tema ambiental suficientemente”.
“El problema central que tenemos hoy día es el modelo de desarrollo, es un modelo neoliberal, extractivista, de desigualdad, es insostenible y, mientras no atendamos las causas de fondo, no vamos a avanzar suficientemente”, indicó.
Hace 40 años, Alicia Bárcena fue la primera subsecretaria de Ecología de México, ahora, señala que el desafío ambiental es un reto en un contexto de austeridad, donde tan sólo durante el sexenio de López Obrador, el sector ambiental perdió en promedio el 40 % de sus recursos presupuestales.
La próxima titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), mencionó que durante los primero 100 días de trabajo pondrá en marcha la Estrategia Nacional de Restauración y Remediación, que incluye el rescate de la Cuenca del Río Lerma-Santiago y los ríos Tula, Atoyac, Sonora y Bacanuchi, así como los manglares y lagunas costeras de ocho estados, con la meta de restaurar al menos 5 % de manglares y 15 % de lagunas al 2025.
Así como implementar el Plan Hídrico Nacional en coordinación con CONAGUA; completar los Planes de Manejo de las 226 Áreas Naturales Protegidas (ANPs) del país para el 2030; lograr el 30 % del territorio natural protegido al 2030 y con ello reducir la deforestación que se concentra en nueve estados (70 %); y, atacar la expansión de la ganadería con la eliminación de créditos agropecuarios en áreas deforestadas, ya que a la fecha se han perdido 4,177 millones de hectáreas de selvas y bosques, a una tasa de 208 mil has por año;
Otros proyectos planteados a largo plazo fueron lograr que el 3.5% de las inversiones en infraestructura se dediquen a compensación, mitigación y remediación; la construcción de un parque industrial de Economía circular en Quintana Roo para procesar el sargazo; tener un clúster en el estado de Hidalgo, para el reciclaje de residuos de todo tipo; ampliar la electromovilidad y en caso de nearshoring (relocalización), sea una que sirva al país “que nosotros seamos los que definamos a dónde se dirigirá la inversión y no nada más que lleguen y hagan lo que quieran”, afirmó.
Al finalizar su exposición, la experta en temas ambientales, destacó que lo que buscan es una “política ecológica y ambiental humanista”, donde la prosperidad compartida alcance a la generación presente y futura y que se destierre el paradigma neoliberal extractivista y generador de desigualdades.
Que sepan que sí hay consecuencias por violar la ley y por dañar el medio ambiente y la salud
Por su parte, Mariana Boy Tamborell, próxima responsable de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) destacó que en el país hay una deuda histórica en materia de acceso a la justicia ambiental.
“Necesitamos que Profepa transite de ser la que vigila administrativamente a una verdadera instancia de impartición de justicia… con mucho más presencia en territorio y con un enfoque de prevención y reparación del daño”.
Comentó que la Profepa, es la única instancia administrativa a federal que imparte justicia ambiental y sigue trabajando bajo el mismo modelo de inspectoría de hace 30 años, es decir, sus procedimientos y actuaciones están basados en una revisión administrativa prácticamente documental, lo cual resulta en una impartición de justicia muy limitada.
Entre sus propuestas destacan el impulso de nuevas certificaciones desde el programa de auditoría ambiental, por ejemplo en materia de manejo forestal sustentable, en pesquerías, en unidades de manejo ambiental, todo ello para dar valor agregado al trabajo de las comunidades, que servirá para los mercados nacionales e internacionales.
Enfatizó que no habrá margen a la impunidad, se cumplirá la ley, se garantizará la justicia a las víctimas ambientales y se trabajará de manera transparente en el manejo de la información de acuerdo con los principios del Acuerdo de Escazú, el cual fue impulsado por Alicia Bárcena cuando fue Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), entre julio 2008 y marzo 2022.
Una Agenda actualizada
La Agenda Socioambiental 2024: diagnósticos y propuestas, es coordinada por Leticia Merino Pérez, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y por Cecilia Navarro, integrante de la Colectiva Cambiémosla Ya. En su elaboración intervinieron 35 especialistas de universidades públicas del país y organizaciones civiles.
“Con esta Agenda, buscamos lograr incidencia al aportar, con sistematicidad académica, elementos útiles para la construcción de políticas que busquen responder a los enormes retos y riesgos que enfrentamos como país”, señaló durante la presentación la doctora en Antropología Leticia Merino.
La Agenda señala dos aspectos urgentes que deben orientar las próximas políticas públicas: uno es erradicar la desigualdad ambiental en el acceso a recurso naturales básicos como el agua o la energía; el otro es sobre la captura corporativa que obstaculiza la acción institucional en distintos ámbitos de gobierno e impide avances hacia condiciones de mayor sustentabilidad. Por ejemplo, las resistencias a la nueva ley minera, a la ley del agua, basada en el reconocimiento prioritario del derecho humano al agua o la suspensión de la entrada en vigor de la prohibición al uso del glifosato.
Algunos puntos del diagnóstico de la Agenda Socioambienal 2024 son:
Sobreexplotación y contaminación de numerosos acuíferos.
Privilegio de acceso al agua para agricultura de explotación y para la gran minería a costa del derecho humano al agua reconocido en el Artículo 6 de la Constitución Política del país.
Pérdidas de biodiversidad y bosques nativos
Pérdida de agrobiodiversidad de seguridad alimentaria
Control del sistema alimentario nacional por unas cuantas corporaciones
Estragos del cambio climático
Transición energética con implicaciones de extractivismo y exclusión.
Aunque los autores reconocen algunos avances, como el impulso del Programa de Producción para el Bienestar, basado en prácticas de agroecología; la suspensión del otorgamiento de nuevas concesiones mineras; la aprobación de la Ley de Minería (2023) y la iniciativa de reforma constitucional en la que se plantea prohibir la minería de cielo abierto (pendiente por aprobar), también destacan algunos pendientes:
“El marcado deterioro de las instituciones ambientales con recortes muy drásticos a los presupuestos de Semarnat, Conafor, Profepa, Conanp, Conabio, que las llevan a situaciones de inoperancia con graves impactos para los ecosistemas del país y las comunidades que los habitan y, el Estado de Derecho en materia ambiental ausente en gran medida en los territorios del país”.
La Agenda nació hace siete años, cuando -previo a las elecciones del 2018- presentaron a los entonces candidatos a la república su primer diagnóstico ambiental. Para este año, la agenda analiza nueve temas de atención urgente: agua, regiones forestales, biodiversidad, energía, minería, sistema agroalimentario, plaguicidas altamente peligrosos, residuos y gobernanzas agrarias.
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